La participación ciudadana en la escuela

¿Del ogro filantrópico al pedagogo democrático?

Desde hace casi 20 años, la política de participación social (PPS) está contenida en la Ley General de Educación (LGE) y se ha convertido en parte central del discurso oficial para tratar de introducir cambios en la gestión escolar y en la gobernabilidad del sistema educativo nacional (SEN). La reforma propuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto en materia educativa sugiere modificar el marco jurídico para “fortalecer” la autonomía escolar con el propósito de “propiciar condiciones de participación”. De esta manera se asume que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, podrán involucrarse en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.

Ante los retos de democratización, legitimidad y eficiencia gubernamental, vale la pena preguntar en qué consistirán estas modificaciones legales y si tales cambios, tendrán la capacidad y fuerza suficientes para propiciar condiciones que impulsen la participación ciudadana en todas las escuelas del país. Una buena base de información para empezar a discutir estos cambios puede ser el reporte sobre Indicadores del Ciclo Funcional de los Consejos Escolares de Participación Social que la Secretaría de Educación Pública (SEP) elaboró con apoyo de un grupo de especialistas y el cual revela datos sumamente interesantes.

De acuerdo con el documento oficial, 80 de cada 100 escuelas del nivel básico (primaria y secundaria) cuentan con el CEPS estipulado, sin embargo, de esas 80 sólo 14 realizan una “planeación efectiva” que consiste en integrar comités temáticos para tratar de resolver los retos que la escuela enfrenta, buscar proyectos educativos de apoyo y determinar metas para mejorar el aprendizaje con base en los resultados de la prueba Enlace. A la luz de estos datos, preguntaría: ¿Qué causa que 66 escuelas de cada 100 no puedan ser plenamente efectivas en términos de planeación? ¿Qué tipo de ordenamiento legal o jurídico podría aportar alternativas para revertir esta situación? ¿Es la ineficiencia de los CEPS una causa o una consecuencia de la capacidad autonómica de la escuela?

Otro punto que juzgo valioso del reporte de la SEP es que establece indicadores dentro de cada una de las cuatro fases del ciclo funcional de los CEPS. Así tenemos que para la primera fase (conformación) se cuenta con un indicador que se refiere a la tasa de cobertura. Para la segunda fase (gestión) hay cinco indicadores: (1) planeación efectiva, (2) correspondencia programas-comités, (3) vinculación de los CEPS, (4) proyectos aprobados y (5) comités con programas de actividades. La tercera fase (evaluación) está constituida por tres indicadores: (1) porcentaje de proyectos de apoyo educativo realizados, (2) registro de actividades y (3) porcentaje de consejos que cumplieron las metas establecidas para la prueba Enlace. Por último, la cuarta fase (transparencia y rendición de cuentas) incluye siete indicadores, a saber: (1) porcentaje de consejos que conocen el cumplimiento de la planeación anual de la escuela, (2) tasa de transparencia, (3) distribución porcentual de programas según el nivel de gobierno, (4) distribución de recursos según fuente, (5) distribución de los recursos según el nivel de gobierno, (6) porcentaje de consejos que obtuvieron recursos por fuentes distintas a los programas y (7) porcentaje de consejos “efectivos”, es decir, los que se mantuvieron conforme paso el tiempo. Una primera lectura de estos indicadores indica que a medida que se avanza en las fases del ciclo funcional, los retos de la participación ciudadana son mayores.

En la fase de gestión, por ejemplo, se observa que 73 por ciento de los CEPS no integra comités para resolver los retos que la escuela enfrenta ni tampoco gestiona proyectos educativos. La SEP interpreta que esto revela “una incipiente visión” de qué hacer dentro de los centros escolares y cómo hacerlo. ¿No serán estas indefiniciones reflejo de la falta de diálogo y de discusión pública? ¿Qué cambios en el marco jurídico podrían contribuir a que los ciudadanos ejerzamos efectivamente el “razonamiento público” (Sen), procesemos el conflicto y modifiquemos la gestión escolar en beneficio de los estudiantes?

Contar con información pública relacionada con los Consejos Escolares de Participación Social (CEPS) constituye una respuesta – tardía pero valiosa – a las críticas expresadas por distintos especialistas y organizaciones de la sociedad civil desde la década de los noventa sobre la necesidad de conocer el funcionamiento y efectividad de los CEPS. Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE), por ejemplo, arguyó que no basta congratularse con el número de consejos instalados, sino que había que cerciorarse de su buena o mala operación. Esta observación adquiere mucho sentido al conocer los datos de la SEP.

El reto de fomentar la participación ciudadana, así como el de construir —que no conceder— autonomía en las escuelas atraviesa caminos mucho más complejos que el mero ordenamiento legal. La pregunta es si el actual gobierno priísta estará a la altura de este reto democrático. Va a ser muy interesante saber qué significa para el gobierno de Enrique Peña Nieto la participación ciudadana en el sector educativo y qué propondrá la SEP para empezar a derrumbar la feliz guarida del ogro filantrópico.

Pedro Flores-Crespo

Fuente: Campus Milenio

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