Evaluación universal, política fallida

Por Fernando González.
Ex subsecretario de Educación Básica de la SEP.-
La evaluación, junto con otras tres condiciones que resumen el cambio educativo en el mundo, se ha convertido durante la última década en la piedra angular de las reformas educativas de tercera generación. Las otras condiciones son: la sustitución de los contenidos por descriptores de desempeño en la política curricular, el inglés como segunda lengua obligatoria desde preescolar y las habilidades digitales como condición del trabajo colaborativo en red.
La evaluación educativa generalmente se sobredimensiona y se politiza. No obstante, se trata de un proceso técnico de mejora continua que no es tan nuevo ni tan complejo. Todo depende de cómo se introduce en la política educativa actual y de asumir si seremos capaces de cumplir con una metodología consistente que mueva hacia adelante el sistema educativo en lugar de etiquetarlo.
La situación actual de la evaluación en México podemos sintetizarla en tres dimensiones. La primera, es una prueba censal diagnóstica que se aplica desde tercero de primaria hasta tercero de preparatoria: aunque no sea general en la educación media superior porque algunas universidades no la aceptan en sus prepas.
La segunda, la prueba internacional PISA orientada hacia desempeños de alta lectura, pensamiento matemático proclive a la aplicación de estrategias para la solución de problemas y la comprensión científica del entorno.
Y una tercera que es el acuerdo político logrado entre el presidente de la República y el sindicato de maestros para la evaluación universal de docentes que por primera vez se aplicará en México, y es a este último que me quiero referir.
Suena lógico que después de instalarse un proceso de evaluación masiva de estudiantes y de discutirse el grado de avance del país con relación a otros en materia educativa resulte esencial involucrar en un proceso de mejora a los docentes. La manera como se realice esta primera evaluación marcará para siempre la educación mexicana.
Por todo esto, estamos frente a un debate crucial. Para entenderlo, debemos dividirlo en dos ámbitos: primero, es un acuerdo político que requiere mecanismos eficaces de traducción y comunicación. Segundo, necesita formas administrativas de asimilación a través de normas, instrumentos y procesos claros porque la fuerza organizada del magisterio y las distintas visiones que la integran son aspectos dignos de considerarse.
Para que este proceso de evaluación tenga éxito se requiere desdoblar el acuerdo político inicial hacia los sistemas educativos estatales realizando talleres entre los secretarios de educación y los secretarios seccionales del sindicato para que no se desvirtúe el mecanismo ni el alcance del proceso, pues sería riesgoso que el Presidente y el CEN del sindicato entiendan una cosa, las áreas intermedias del sistema educativo entiendan otra y los supervisores, directores y maestros de las escuelas simplemente no entiendan nada.
En estos foros debe mezclarse el alcance técnico de la evaluación con los instrumentos y traducirlos eficientemente en manuales que deriven del consenso de los secretarios de educación estatales, responsables directos del proceso educativo y por lo tanto los encargados de llevar a la práctica la evaluación.
Si la SEP pretende utilizar sus oficinas federales por encima de las autoridades educativas locales y no genera los espacios de diálogo necesarios, le dará a las corrientes radicales del sindicato el pretexto perfecto para oponerse y movilizar a docentes ante la misma confusión del sistema y todo concluirá en medio de un terrible desconcierto, de la frustración de los actores sociales que observan en la evaluación una oportunidad de tener mejores maestros y mejores escuelas.
Para continuar es importante respondernos algunas preguntas que por supuesto están resueltas en las actuales guías elaboradas por la SEP y aprobadas por el comité nacional del sindicato, pero que carecen de divulgación y consenso prudente con los estados: ¿qué hacer con el maestro evaluado? ¿Cuáles son las reglas que deben ajustarse además de carrera magisterial? ¿Cuál es el impacto presupuestal en este programa de estímulos? ¿Se articularon todos estos temas en un acuerdo secretarial que rige el proceso? ¿Se acordó en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas lineamientos, procesos e instrumentos? ¿Hubo reunión conjunta del secretariado nacional del SNTE y este Conaedu? Más aún si a los estados se les adeuda años completos de carrera magisterial y muchos docentes se están resignando a perder esas categorías.
Si la evaluación nos impulsa hacia adelante, resulta vital cerrar el pasado, resolver las fallas estructurales que pueden propiciar el rompimiento en pedazos del sistema. ¿Les daremos la clave de plaza a los asesores técnico-pedagógicos antes de evaluarlos?, ¿haremos un programa que resuelva las 35 mil claves de directivos faltantes para que estos directores tengan su nombramiento definitivo?
Otras preguntas: ¿cómo imponerles a los maestros un examen sin reformar la prueba Enlace hacia las nuevas retículas curriculares, producto de esta migración hacia los desempeños? O ¿les aplicaremos un examen sin publicar primero los estándares de desempeño docente, que son en cualquier país la unidad de medida para entender lo que hace un profesor y elaborar las cedulas de registro, seguimiento e inclusive portafolios de evidencias para perfilar resultados y compensaciones extraordinarias? O ¿nos conformaremos otra vez con un simple número o categoría que los va etiquetar como aprobados o reprobados y pagarán una vez más su buena fe por aceptar métodos de mejora frente a quienes sólo buscan desacreditar la escuela pública y disputarle su presupuesto? La pregunta principal es: ¿cuánto tiempo resistirá el sistema educativo esta tensión entre aproximaciones, remiendos y soluciones parciales?, ¿no estaremos jugando con fuego en un año electoral? O realmente se desconoce lo que pasa en el sistema educativo. Si nos equivocamos esta vez en la evaluación universal, nos equivocaremos para siempre y pagaremos muy caro la novatez de funcionarios inexpertos, la prisa del gobierno y la frivolidad de algunos agentes sociales.
¿Qué harán la SEP y el sindicato con las corrientes minoritarias que no aceptan la visión contemporánea del sistema y que ciertamente no gobiernan a escala nacional, pero que tienen una mayoría en Oaxaca y son muy importantes en Michoacán? ¿Qué haremos todos los que creemos en la evaluación para salvarla de un mediocre debate político y elevarla a un proceso de mejora que nos garantice mejores maestros, mejores escuelas y a los docentes el reconocimiento de la sociedad a la que sirven?
Los que saben de educación entienden que el éxito de una política depende de los procesos de comunicación interna en un ambiente tan complejo, nunca de la jerarquía ni del verticalismo. Menos aún en un sistema educativo integrado por 32 sistemas autónomos y un sindicato que en la práctica opera como una confederación de sindicatos estatales, en medio de corrientes internas minoritarias que contraponen los modelos y confunden a los actores. En este escenario la verticalidad y las jerarquías son esquemas para volver eficiente la comunicación, es decir, el control de un proceso tan complejo depende de la información que tienen los actores y de su capacidad para dialogar.
Ojalá el gobierno y el sindicato lo comprendan, de otro modo podríamos estar ante otra política fallida.

Fuente: Milenio

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