La Inclusión de las mujeres en espacios de dirección empresarial beneficia a las empresas y a la sociedad

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La Inclusión de las mujeres en espacios de dirección empresarial, se reunieron más de 40 líderes para analizar diversas recomendaciones para incrementar la inclusión económica de las mujeres en pro del crecimiento y desarrollo de México. El evento fue convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Continuar leyendo “La Inclusión de las mujeres en espacios de dirección empresarial beneficia a las empresas y a la sociedad”

La OCDE está comprometida con la agenda de género

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La OCDE da la bienvenida a las medidas anunciadas el día de hoy por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público para avanzar en el empoderamiento económico de las mujeres y lograr una mayor inclusión y productividad. Continuar leyendo “La OCDE está comprometida con la agenda de género”

OCDE evalúa favorablemente las políticas educativas de Costa Rica

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La “Revisión de Políticas Nacionales de Educación: Educación en Costa Rica” es parte de las negociaciones para la adhesión de Costa Rica a la OCDE. Continuar leyendo “OCDE evalúa favorablemente las políticas educativas de Costa Rica”

Polonia ¿milagro educativo? #ArchivoAZ

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En un país donde casi nueve de cada diez habitantes son católicos, los milagros ocurren… Continuar leyendo “Polonia ¿milagro educativo? #ArchivoAZ”

Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes: Propuestas y retos #ArchivoAZ

Captura de pantalla 2015-03-30 a las 15.32.05México es el país con la tasa más alta de embarazo adolescente entre los Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con un registro de 64,2 partos por cada mil nacimientos en mujeres de entre 15 y 19 años de edad.

Asimismo, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2010, 11 mil 682 niñas de entre 10 y 14 años de edad dieron a luz en el país.

Para dimensionar este problema y dar a conocer algunas de las recomendaciones que organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales han emitido sobre el tema, el Grupo de Información en Reproducción Elegida A. C. (GIRE), organización no gubernamental (ONG) que trabaja desde hace más de 20 años en la promoción y defensa de los derechos reproductivos de las mujeres en México, lanzó en diciembre de 2013 la campaña “Recupera una oportunidad”.

Captura de pantalla 2015-03-30 a las 15.32.24Si bien las causas del embarazo adolescente son multifactoriales y su atención requiere la participación de diversos sectores de la sociedad, las recomendaciones contenidas en la campaña se enfocan en atender ocho aspectos necesarios para reducir la tasa de embarazo adolescente: prevenir y atender la violencia sexual, eliminar el maltrato infantil, impartir educación sexual, garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, brindar consejería amigable, evitar la deserción escolar, garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo y proveer servicios de salud especializados durante el embarazo, parto y puerperio.

Finalmente, ante lo que parece ser una muestra esperanzadora de reconocimiento por parte del Estado mexicano sobre esta situación como un problema social y de salud pública que debe ser atendido con urgencia, el pasado 23 de enero el presidente Enrique Peña Nieto presentó públicamente la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Los objetivos principales de la estrategia son ambiciosos y puntuales: disminuir para 2030 en 50% los embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años de edad y erradicar los embarazos en niñas menores de 15 años. Para ello propone cinco objetivos específicos, 19 líneas de acción y 90 actividades que deberán realizarse de manera coordinada por 11 dependencias de los gobiernos federales y locales, entre las que se encuentran la Secretaría de Salud Federal (SS), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría de Educación de Pública (SEP).

Uno de los aspectos importantes de esta estrategia es que el Estado mexicano reconoce públicamente a los adolescentes como sujetos titulares de derechos humanos, particularmente de derechos sexuales y reproductivos, así como el impacto negativo que tiene un embarazo a temprana edad en el desarrollo físico y psicológico de las jóvenes, así como en su proyecto de vida.

En este sentido, uno de los aciertos de la estrategia es establecer acciones específicas enfocadas en garantizar y mejorar la calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, que incluyan el acceso a consejería, en espacios confidenciales, y a métodos anticonceptivos sin la necesidad de contar con la presencia o autorización de los padres o tutores.

Captura de pantalla 2015-03-30 a las 15.32.42Para lo anterior, se contempla la capacitación continua de los prestadores de servicios de salud en atención especializada a adolescentes, la detección de posibles casos de violencia sexual, así como garantizar la disponibilidad de métodos anticonceptivos en las unidades de salud que atiendan a la población adolescente.

Resulta importante la coordinación de las acciones de la estrategia con el Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes 2013-2018, recientemente emitido por el Centro Nacional de Equidad y Género, y con la Norma Oficial Mexicana especializada en la atención a la salud del grupo etario de 10 a 19 años —en cuya elaboración la Secretaría de Salud trabaja desde 2012 y se espera que próximamente sea publicada oficialmente.

Un punto importante que propone la estrategia es la elaboración de un programa de educación en salud sexual y su distribución gratuita en las instituciones educativas públicas y privadas del país. Para ello se contempla la capacitación de personal docente en técnicas de pedagogía para trasmitir la información sobre salud sexual a los alumnos.

Otro factor atendido es la prevención de matrimonios forzosos a través de la promoción de reformas a las legislaciones locales para homologar la edad de matrimonio a 18 años de edad para mujeres y hombres a nivel nacional.

Por otra parte, uno de los factores que ha contribuido a las altas tasas de embarazo adolescente son los casos de violencia sexual cometidos en contra de niñas y adolescentes, quienes —como consecuencia— son expuestas a diversos riesgos a su integridad física y psicológica, entre los que se encuentra un posible embarazo forzado.

Si bien se desconoce el número exacto de casos de violencia sexual cometidos en contra de menores de 18 años en México y cuántos embarazos son consecuencia de ello, existe una preocupación particular por la causa de los embarazos de niñas, ya que “el grupo de edad de 10 a 14 años también reviste especial interés por la probabilidad de que la mayoría de la concepción en niñas de esa edad esté vinculada con abuso o violencia sexual”.

Captura de pantalla 2015-03-30 a las 15.32.57La Ley General de Víctimas y la nom-046-ssa2-2005, “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención”, establecen el derecho de las víctimas de violencia sexual a recibir servicios de salud sexual y reproductiva, los cuales incluyen el acceso a las Pastillas de Anticoncepción de Emergencia (PAE) en las primeras 120 horas de ocurrida la agresión, o de aborto legal en todo el país en casos de violación.

A pesar de que uno de los objetivos de la estrategia es erradicar los casos de embarazos en niñas de 10 a 14 años y dada la relación que éstos tienen con actos de violencia sexual, ésta únicamente establece que se capacitará a los médicos para que brinden información en materia de causales legales de aborto sin incluir la garantía del acceso a la PAE y a servicios de aborto a las víctimas de violencia sexual.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es la dependencia federal encargada del desarrollo de políticas públicas en materia de atención y protección a las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos en México, por lo que debió considerarse en la estrategia como uno de los actores claves para su implementación.

Resulta preocupante el alto porcentaje de niñas y adolescentes que fallecen como consecuencia de riesgos y complicaciones asociadas con el embarazo, parto o puerperio. De acuerdo con cifras del Observatorio de Mortalidad Materna en México, del total de muertes maternas que sucedieron en 2012, 12,8% corresponden a mujeres menores de 19 años.

Debido a la falta de desarrollo físico, las niñas y adolescentes corren el riesgo de sufrir algún tipo de complicación en su salud durante el embarazo o inclusive morir durante el parto. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) documentó que este riesgo incrementa en dos terceras partes, particularmente en niñas menores de 15 años.

La estrategia no contempla acciones enfocadas en atender casos en los que el embarazo en niñas y adolescentes no se previno y no están embarazadas como producto de una violación. Así, no incluye acciones enfocadas en garantizar el acceso a servicios de salud especializados para niñas y adolescentes durante el embarazo, parto o puerperio, y a servicios de aborto cuando el embarazo suponga un riesgo a su vida o salud, supuestos legales contemplados en la legislación de la mayoría de los estados del país.

Respecto a los retos que el Estado mexicano enfrentará durante la implementación de la estrategia está la coordinación de programas de trabajo y de los objetivos de las diferentes dependencias de gobierno a cargo de realizar las acciones propuestas, así como de su seguimiento y evaluación.

Para ello, se propone la creación de un Grupo Interinstitucional Federal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, compuesto por representantes de instancias gubernamentales, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, coordinado por la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo), al que se le atribuye la facultad de establecer mecanismos de coordinación, cooperación y comunicación entre las dependencias involucradas en las acciones de la estrategia, así como la elaboración del reporte de seguimiento y resultados de la misma. A nivel estatal, se prevé la creación de grupos interinstitucionales que den seguimiento local a la implementación de la estrategia.

Sin citar la fuente de los recursos, la estrategia contempla el destino de un presupuesto específico hasta 2030, con el objetivo de garantizar que será un proyecto transexenal.

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